En el Ministerio Público, la unidad especializada en lavado de dinero, delitos económicos y crimen organizado es la que vela por la investigación de los delitos contra el medio ambiente.

Su director, Mauricio Fernández, explica que en Chile no existe una ley de medio ambiente que sancione los delitos ambientales, sino que se utilizan otras figuras legales para la persecución de estos crímenes:

"Creemos que los países deberían tener una legislación penal que refuerce la protección del bien medioambiental".

El fiscal apunta que más que penas de cárcel, el objetivo del Ministerio Público "es lograr que el daño se repare". En el caso de los animales maltratados, el fiscal asegura que hace falta una institucionalidad pública que se haga cargo de ellos, ya que actualmente se encarga a zoológicos y a privados. Por ejemplo, en el caso de la perrita Charlot, que fue lanzada desde el piso 22 por su dueño en estado de ebriedad en julio de 2010, la vecina que denunció se quedó con ella y no se sancionó al victimario.